Derechos Humanos

Reclaman destitución del Fiscal General de Mar del Plata

La AJB, junto a organismos de DDHH, formalizaron el pedido de jury contra Fabián Fernández Garello por su participación en la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

dic 26, 2016

GARELLO

 

 

El pedido fue suscripto el pasado 22 de diciembre por la Comisión Provincial por la Memoria, el SERPAJ, el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Judicial Bonaerense y la Federación Judicial Argentina, ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires.

El fundamento radica en la pertenencia de Fernández Garello a la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) -al menos entre los años 1978 y 1981-, tal como lo demuestra la documentación presentada por la Comisión Provincial por la Memoria en noviembre de este año ante la justicia federal de San Isidro y San Martín. La prueba aportada registra que Fernández Garello se desempeñó como oficial de inteligencia con el rango de Subinspector de la DIPPBA, donde desarrolló acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado.

La imputación por su participación en crímenes de lesa humanidad se extiende a dos causas: la primera, donde se investiga el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez; y la segunda, tanto el secuestro y tortura de militantes comunistas como el ocultamiento de esta información al brindar sus antecedentes para poder alcanzar su designación como juez de garantías y luego como fiscal general, en el sistema judicial.

Por esto, se exige la inmediata conformación de un jurado de enjuiciamiento para que “se aboque al urgente al tratamiento de esta denuncia procediendo a la remoción del mencionado funcionario, dada su probada condición de imputado en delitos de lesa humanidad así como también su falta de idoneidad moral por haber sido parte de la estructura represiva” del último gobierno de facto, solicitando además la suspensión en su cargo mientras se sustancia el proceso.

 

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