DERECHOS HUMANOS

Juicio a los jueces

En una sentencia inédita, cuatro ex jueces federales de Mendoza fueron condenados a prisión perpetua por su participación en la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar.

ago 3, 2017

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El pasado 26 de julio, los ex jueces federales de Mendoza Otilio Roque Romano, Guillermo Max Petra Recabarren, Luis Francisco Miret y Rolando Evaristo Carrizo recibieron la pena máxima tras la lectura de los veredictos en el juicio denominado “megajuicio” ó “juicio a los jueces”, llevado a cabo ante el Tribunal Oral Federal 1 de esa provincia.

Durante el juicio, en el que estuvieron en el banquillo de los acusados veintiocho imputados, se investigó la comisión de delitos de lesa humanidad, tales como la apropiación de una menor, secuestros, torturas, delitos sexuales, desapariciones forzadas y asesinatos, que tuvieron a los ex magistrados entre sus partícipes. A estos últimos no sólo se los acusó por no haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos, sino que también algunos testigos declararon haber visto a algunos de ellos en los centros clandestinos de detención.

Uno de los datos relevantes de este juicio, es que los ex jueces siguieron en funciones hasta no hace mucho tiempo; el otro es que por primera vez en dicha provincia se juzgaron en forma independiente de los secuestros y las torturas, los ataques sexuales que sufrieron las mujeres secuestradas.

“En este juicio quedó demostrada la necesaria participación -por acción u omisión- del Poder Judicial durante el terrorismo de estado. La actuación del Tribunal de Mendoza es un ejemplo a seguir, en especial en la justicia de la provincia de Buenos Aires, en la que jueces como Hooft, declarado rebelde por no presentarse a declarar en el proceso federal en trámite, ó el Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, que admitió públicamente haber sido agente de inteligencia de la policía bonaerense, quien se encuentra denunciado por la comisión de delitos de lesa humanidad y con un pedido de destitución en curso, siguen ocupando sus cargos y amparándose en sus fueros”, señaló Analía Maiztegui, Secretaria de Derechos Humanos de la AJB.

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